Ciudad Autónoma de Buenos Aires – En pleno barrio de San Nicolás, una manzana cargada de historia colonial se convirtió en el centro de una fuerte controversia patrimonial y urbanística. Delimitada por las calles San Martín, Viamonte, Reconquista y la avenida Córdoba, esta zona alberga desde hace casi tres siglos el Monasterio de Santa Catalina de Siena y su iglesia anexa, construidas a partir de 1738 como el primer recinto religioso femenino de la ciudad, y declarados hoy Monumento Histórico Nacional dentro de un Área de Protección Histórica. Justamente en ese mismo espacio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días —con medio millón de fieles en el país— impulsa un ambicioso proyecto que prevé levantar 14.500 metros cuadrados de construcción en altura, sumado a una superficie equivalente bajo tierra, destinada principalmente a cocheras, lo que generó el rechazo de vecinos, historiadores y organismos de preservación.
El plan contempla la edificación de un enorme templo y un edificio complementario de oficinas, una intervención de gran escala que, según los sectores opositores, alteraría irreversiblemente el perfil arquitectónico y la identidad de un lugar que conserva la memoria de los orígenes de Buenos Aires. Allí se eligió construir el monasterio hace 300 años por tratarse de una zona elevada, segura y alejada de las inundaciones del antiguo Río de la Plata, un valor geográfico e histórico que hoy convive en tensión con la intención de expansión de esta comunidad religiosa. El conflicto cobró relevancia pública y también política, al involucrarse en la discusión a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien manifestó su postura respecto al cuidado del patrimonio histórico nacional en medio del debate.
En las últimas horas, la polémica tuvo un nuevo capítulo judicial: se revocó una medida cautelar que mantenía frenadas las obras, lo que habilitó nuevamente el avance del proyecto. Sin embargo, las voces críticas no cesaron y continúan reclamando que una obra de esas dimensiones no se desarrolle a escasos metros de construcciones que son testimonio vivo del siglo XVIII y forman parte del patrimonio cultural protegido por el Estado. Para los defensores de la preservación histórica, la aprobación de este tipo de emprendimientos representa un riesgo para la identidad urbana, mientras que desde la institución religiosa sostienen que se trata de un desarrollo necesario para el crecimiento de su comunidad y que respeta las normativas vigentes