Buenos Aires – El Gobierno nacional oficializó un fuerte ajuste en el área sanitaria que reduce el presupuesto en más de $63.000 millones, modificando la asignación de fondos para programas esenciales, provisión de insumos y asistencia financiera a las provincias. Según datos del programa Presupuesto Abierto, el Ministerio de Salud pasó de contar con una previsión inicial superior a los $7,4 billones a un monto actualizado cercano a los $6,6 billones, en el marco de una política de recortes generales del 2% aplicada a distintas áreas del Estado. Especialistas advierten que, sumado a la reducción, el nivel de ejecución presupuestaria sigue siendo bajo a mitad de año, lo que agrava la capacidad de respuesta del sistema público.
Las consecuencias más graves se concentran en áreas sensibles para la población. El programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, clave para garantizar remedios gratuitos y tratamientos especiales, sufrió una poda cercana a los $20.000 millones. Esta partida financia la atención de personas con enfermedades crónicas, complejas o de alto costo, por lo que la reducción pone en riesgo el abastecimiento regular y continuo de fármacos esenciales en todo el país.
El sector oncológico es otro de los más afectados: se confirmó una reducción de $5.000 millones específicamente en las partidas destinadas a Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer. El ajuste alcanza directamente al Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la cobertura de terapias costosas, generando una fuerte preocupación entre organizaciones sanitarias y profesionales, que señalan que cualquier interrupción en estos flujos de fondos compromete la salud y la vida de quienes dependen exclusivamente del sistema público.
Desde el Gobierno justificaron la medida argumentando que busca “optimizar gastos” a través de compras centralizadas y una reorganización administrativa. Sin embargo, para las provincias, que reciben parte de estos fondos para sostener sus propios centros de salud, el recorte implica una mayor presión financiera y dificultades para mantener la calidad y cobertura de las prestaciones. La medida abre un escenario de incertidumbre sobre el acceso igualitario a la salud, especialmente en aquellas regiones y sectores más vulnerables.