El debate en el Senado sobre la iniciativa que busca endurecer las sanciones por falsas denuncias reabrió una pregunta central: ¿la norma protege el debido proceso o termina funcionando como un obstáculo para quienes deciden acudir a la Justicia? Víctimas y especialistas advirtieron que la figura ya se encuentra contemplada en el Código Penal y que crear una nueva normativa podría generar un efecto contrario al buscado, desalentando a damnificadas por violencia de género y delitos contra la integridad sexual a presentar sus denuncias.
La discusión se desarrolló en el marco de la reunión de la Comisión Banca de la Mujer, donde se escucharon testimonios que cuestionaron la necesidad de legislar sobre el tema. Los planteos no se opusieron a que se castiguen los casos de acusaciones deliberadamente falsas, sino que señalaron que el ordenamiento jurídico actual ya prevé esas penas, por lo que una nueva norma sumaría barreras innecesarias para el acceso a la justicia.
El principal temor expresado es que la iniciativa termine generando una revictimización y agregue un nuevo motivo de duda para quienes ya atraviesan dificultades para dar el paso de denunciar. El debate continúa abierto mientras el oficialismo avanza con el tratamiento y las organizaciones y afectadas insisten en la importancia de no debilitar los canales de protección y acompañamiento a las víctimas.