Las pensiones no contributivas constituyen una de las herramientas más importantes de protección social en Argentina, alcanzando actualmente a más de un millón de personas. Se trata de prestaciones mensuales que otorga el Estado a quienes no realizaron aportes al sistema previsional y atraviesan una situación de vulnerabilidad social o económica. A diferencia de las jubilaciones tradicionales, no exigen años de trabajo registrado: el requisito central es acreditar una condición específica —como discapacidad, vejez sin cobertura o maternidad numerosa— junto con la falta de recursos suficientes para subsistir.
El circuito de otorgamiento y pago combina dos organismos: la Secretaría Nacional de Discapacidad es la encargada de realizar la evaluación médica y social, mientras que la ANSES administra el pago mensual de la prestación. Por esta razón, aunque el trámite se puede iniciar y seguir a través de los canales de ANSES, la instancia decisoria sobre la validez del certificado médico y el cumplimiento de las condiciones corresponde a la Secretaría de Discapacidad.
Para acceder a la pensión por invalidez laboral, se requiere acreditar una incapacidad laboral del 66% o más mediante Certificado Médico Oficial obtenido en hospitales públicos, tener hasta 65 años, ser argentino nativo o naturalizado con residencia mínima de 10 años en el país, y no cobrar otra jubilación o pensión. El monto de la prestación equivale al 70% de una jubilación mínima, y resulta incompatible con cualquier tipo de relación laboral en relación de dependencia, autónoma o monotributista del régimen general. El trámite puede iniciarse por internet a través de mi ANSES, con la aplicación o de forma presencial solicitando turno previo.