El 4 de octubre se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), una norma que transformó en un derecho lo que durante décadas quedó librado al azar, al silencio o a decisiones familiares aisladas. Dos décadas después, el balance llega en un contexto de fuertes debates políticos: sus contenidos son objeto de disputa en el marco de la llamada “batalla cultural”, al mismo tiempo que crecen las infecciones de transmisión sexual y se debilitan herramientas de prevención vinculadas a la educación.
La ley va mucho más allá de las discusiones polémicas que suelen rodearla. Establece que todos los estudiantes —de escuelas públicas y privadas, desde el nivel inicial hasta la formación docente y técnica— tienen derecho a recibir educación sexual integral. Define la ESI con un enfoque amplio que articula dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, afectivas y éticas: transmitir información precisa, promover actitudes responsables, prevenir problemas de salud sexual y reproductiva, y garantizar igualdad de trato y oportunidades.
Sus ejes centrales no se limitan a lo estrictamente biológico: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. Incluye también temas como los vínculos, el consentimiento, la intimidad, el rechazo a estereotipos, la prevención de la discriminación y la violencia, y el conocimiento de herramientas para pedir ayuda. A veinte años de su aprobación, la ley sigue vigente como política de Estado, aunque su implementación enfrenta obstáculos y debates que afectan su alcance en las aulas.