Buenos Aires – La gestión de Javier Milei transita una semana marcada por dos realidades contrapuestas: por un lado, la buena noticia económica de la desaceleración de la inflación, y por el otro, el avance de las investigaciones judiciales que involucran directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ahora también a su hermano. Desde el oficialismo descartan que el escándalo institucional afecte el rumbo de la economía, aunque admiten que el escenario es complejo, mientras mantienen la esperanza de consolidar la recuperación de cara al año 2027.
El dato más alentador llegó del INDEC, que informó que la inflación de abril se ubicó en el 2,6%, una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% registrado en marzo. El propio Presidente celebró la noticia en su cuenta de X, asegurando que el país emprende el camino de retorno hacia la normalidad económica, y expresó: “Estamos en un escenario complejo, pero vamos a mejorar”, en un mensaje que sonó más a deseo que a una certeza absoluta. Sin embargo, este anuncio convive con una crisis que no cede y que sigue copando la agenda política y mediática.
A poco más de dos meses del estallido de la polémica, el caso Adorni sumó nuevos capítulos que mantienen en vilo al Gobierno. Horas antes de conocerse el índice de precios al consumidor, las declaraciones del contratista Matías Tabar —encargado de realizar remodelaciones en la vivienda del funcionario en el barrio privado Indio Cuá— volvieron a poner el foco en su patrimonio y gastos. Además, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito.
Ante esta nueva imputación, desde el entorno de Francisco Adorni salieron a dar explicaciones para despejar sospechas. Sostuvieron que se trató de un error en la carga de datos patrimoniales y detallaron que sus bienes se limitan a un dúplex adquirido en el año 2016 mediante un crédito hipotecario UVA que vence en 2031, y una camioneta Jeep Renegade modelo 2020. En medio de debates internos y tensiones judiciales, el oficialismo intenta separar aguas y sostener que la dinámica de gestión y las metas económicas siguen intactas, a la espera de que la estabilidad financiera logre opacar el impacto político de la causa judicial.