El programa de privatizaciones del gobierno de Javier Milei, delineado desde el inicio de su mandato mediante la Ley Bases de junio de 2024, declaró sujetas a venta o concesión ocho empresas públicas. Con al menos cinco procesos ya cerrados o adjudicados que suman USD 1.081 millones en ingresos, la postergación de la apertura de sobres de AySA —la mayor distribuidora de agua del país— abrió una pausa en el avance del plan oficial.
La apertura de los primeros sobres técnicos estaba prevista originalmente para el 27 de agosto, pero el Poder Ejecutivo la corrió al 15 de septiembre mediante resolución publicada en el Boletín Oficial. La demora respondió a pedidos de prórroga formulados por las propias empresas internacionales interesadas, que solicitaron más tiempo para revisar los pliegos. Oficialmente, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de “promover una amplia participación” y garantizar los principios de concurrencia y transparencia.
El Estado pone en venta el 90% del paquete accionario de AySA —el 10% restante ya se encuentra en manos de los trabajadores— mediante un esquema que divide la operación en dos tramos: al menos el 51% deberá adjudicarse a un único operador estratégico con experiencia comprobable en servicios de agua y saneamiento, mientras que el remanente se podrá colocar en bolsas y mercados de capitales. El pliego no fija precio mínimo ni base pública para ninguno de los dos tramos, por lo que el resultado final “dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes”, según establece el propio documento licitatorio.