La desigualdad salarial entre varones y mujeres marcó uno de sus peores registros durante el primer trimestre de 2026: por cada hora trabajada, las mujeres percibieron aproximadamente un 10% menos que los hombres. El ensanchamiento de la brecha se explica por el fuerte deterioro de los ingresos en los sectores con mayor presencia femenina —salud y educación—, la precarización laboral y la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas.
El empleo público emerge como uno de los factores centrales: el Estado da ocupación a cerca del 20% de las mujeres en el mercado formal, y los salarios del sector perdieron poder adquisitivo de forma pronunciada. A nivel nacional, la caída ronda el 36%, mientras que en las provincias se sitúa en torno al 9%. El deterioro afecta así de manera desproporcionada a las trabajadoras, profundizando la feminización de la pobreza y limitando la capacidad de las mujeres de cubrir sus necesidades y las de sus familias.
A la jornada laboral formal se suma una segunda que no aparece en ningún recibo: las mujeres realizan cerca del 76% de las tareas domésticas y alrededor del 90% participa de actividades de cuidado no remunerado. Cocinar, limpiar, acompañar a niños y niñas, atender a personas mayores o sostener comedores y merenderos comunitarios insume entre cinco y siete horas diarias sin retribución. Si todo ese trabajo se contabilizara económicamente, representaría cerca del 16% del Producto Bruto Interno. Cuando el Estado reduce políticas de cuidado y asistencia, esas necesidades se trasladan a los hogares, y son nuevamente las mujeres quienes absorben la mayor parte de la carga.