Nación – Una medida sin precedentes marca la realidad actual de las Fuerzas Armadas argentinas: el Gobierno nacional autorizó oficialmente a soldados, suboficiales y oficiales a desarrollar actividades laborales fuera del servicio, incluyendo trabajos como repartidores de delivery, conductores de aplicaciones o personal de seguridad privada. La decisión, formalizada por el Ministerio de Defensa, flexibiliza normas que antes prohibían estas tareas, y llega en un contexto donde los salarios perdieron gran parte de su valor frente a la inflación, dejando los ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia.
Durante su campaña electoral, Javier Milei había prometido jerarquizar a las Fuerzas Armadas y mejorar su situación, pero la realidad actual es muy distinta. Lejos de impulsar una recomposición salarial de fondo que recupere el poder adquisitivo perdido, la administración nacional optó por habilitar que el personal militar busque fuentes alternativas de ingreso en sus horas libres. Oficialmente, la norma se presenta como una ampliación de las libertades individuales y laborales de los efectivos, pero para amplios sectores vinculados a la defensa, se trata de un reconocimiento explícito de que los sueldos actuales no alcanzan para vivir dignamente.
La medida abrió un intenso debate sobre las consecuencias del ajuste económico en un área sensible del Estado. Muchos advierten que esta situación podría afectar la disponibilidad, la preparación y la dedicación exclusiva que requiere la función militar, al mismo tiempo que expone públicamente el fuerte deterioro que sufrió el sector en los últimos tiempos. Lo que antes parecía impensable —ver a personal militar cumpliendo tareas de reparto o transporte— hoy es una política oficial, reflejo de una crisis económica que golpea también a quienes tienen a su cargo la defensa y seguridad del país.