Nación – La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) hizo público su fuerte rechazo y preocupación ante el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que busca derogar por completo la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. La entidad, que reúne a representantes de todo el país, exhortó al Congreso de la Nación a mantener vigente esta normativa, considerada fundamental para proteger los derechos de los consumidores y garantizar políticas públicas de salud. El pronunciamiento contó con el respaldo explícito del Defensor del Pueblo de Formosa y vicepresidente de ADPRA, José Leonardo Gialluca, junto a autoridades de defensorías provinciales, municipales y organismos especializados de todo el territorio nacional.
El expediente N° 186/26 es el instrumento mediante el cual se impulsa la eliminación de una ley que, lejos de limitarse solo al conocido sistema de etiquetado frontal con advertencias en los envases, abarca aspectos centrales de la salud pública. Desde ADPRA explicaron que la norma regula también la publicidad de alimentos dirigida a niños y adolescentes, promueve la creación de entornos saludables en las escuelas y fija criterios nutricionales obligatorios para las compras que realiza el Estado. Por eso, advirtieron que su derogación no solo borraría las etiquetas visibles, sino que desarmaría un conjunto de herramientas diseñadas para prevenir enfermedades y cuidar a los sectores más vulnerables de la población.
Las autoridades de defensa del usuario remarcaron que la eliminación de esta ley generaría un vacío legal perjudicial, que dejaría sin protección a las familias y frenaría políticas de prevención sanitaria que ya estaban en marcha. Para los defensores, mantener esta legislación es indispensable para seguir garantizando el acceso a información clara y veraz sobre lo que se consume, así como para cuidar la alimentación de los más jóvenes y sostener estándares de calidad en todo lo que el Estado adquiere para sus instituciones. Por todo ello, piden al Poder Legislativo que no avale su derogación y preserve el marco legal que promueve hábitos alimenticios saludables en todo el país.