La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) es el ente cooperador que financia un fondo a a través del cual se abonan contratos, sumas extras y gastos. El ministro Cúneo Libarona prometió eliminar el sistema, pero a 7 meses de haber asumido todavía sigue vigente
El ministro Cúneo Libarona asumió el 10 de diciembre y todavía no hay avances en la reforma del sistema de pago de sueldos de los empleados a su cargo
Más de la mitad de los empleados del Ministerio de Justicia y organismos bajo su órbita están contratados por una entidad privada, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), un ente cooperador que es el proveedor oficial de los insumos de los registros automotores y recauda por cada compra o transferencia de un auto nuevo o usado. ACARA nuclea a los concesionarios oficiales de vehículos nacionales e importados y posee el monopolio de la venta de documentos y formularios para el patentamiento de vehículos. Este “servicio” le asegura una recaudación millonaria que, en 2023, ascendió a $29.000 millones, y en abril de este año fue de $8.200 millones.
En la práctica, por dos leyes de los 80′s, le provee al Ministerio de Justicia una suerte de “caja paralela” para contratar personal, pagar “incentivos” a sus empleados, y afrontar gastos de distinto tipo. Con una salvedad: esos fondos no están sujetos a control de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ni de la Auditoría General de la Nación (AGN) y permiten un uso discrecional de los mismos. ¿Por qué? Porque esos recursos que maneja ACARA y le transfiere al Ministerio de Justicia, están fuera del Presupuesto nacional. Es un sistema que el ministro Mariano Cúneo Libarona prometió erradicar, pero a más de siete meses de asumido, todavía sigue vigente.
Fuente: InfoB