Río Gallegos, Santa Cruz – A poco más de nueve años del trágico hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, el juicio oral que se desarrolla en esta ciudad desde el 3 de marzo de 2026 avanza con el análisis detallado de documentos militares clave. Estos informes, antes reservados e incorporados ahora a la causa, permiten reconstruir paso a paso la planificación de las operaciones que el buque debía cumplir en el Atlántico Sur bajo el mando del capitán Pedro Fernández, así como también conocer en profundidad la experiencia y preparación de la dotación, medida en días de navegación acumulados y horas efectivas de inmersión.
Cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina son los acusados en este debate judicial, donde se les imputan delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes inherentes a su cargo y estrago culposo agravado por el fallecimiento de toda la tripulación. El eje central de la investigación apunta a determinar si existieron conductas reprochables desde el punto de vista penal: específicamente, si se permitió o no se impidió la zarpada de la nave cuando, según las sospechas y denuncias, habría partido en condiciones técnicas deficientes o con fallas no resueltas.
El corazón del juicio se concentra hoy en el estado de alistamiento del submarino al momento de hacerse a la mar. Los peritajes y las exposiciones intentan responder preguntas definitivas: ¿cuál era el verdadero estado de la embarcación?, ¿qué tareas de mantenimiento y reparaciones quedaban pendientes antes de la partida? y, fundamentalmente, ¿en qué medida esas fallas pendientes afectaban —si es que lo hacían— la seguridad operativa de la nave y la vida de quienes la tripulaban? La respuesta a estas interrogantes será determinante para definir si hubo responsabilidad penal en lo que sigue siendo uno de los mayores desastres de la historia naval argentina.