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La jueza federal Loretta Preska formalizó el cierre del expediente en primera instancia en Nueva York y dejó sin efecto la sentencia que había dictado en 2023 contra la Argentina. La medida responde a la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo anuló la condena por la expropiación de YPF. La resolución representó un giro histórico en el litigio que había fijado un pago superior a los 16.000 millones de dólares a cargo del Estado argentino.

El trámite no representa, sin embargo, el final definitivo del juicio por YPF. Burford Capital presentó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que revise el fallo favorable a la Argentina, y ahora los magistrados deberán resolver si aceptan intervenir. La presentación, conocida como recurso de certiorari, no obliga al máximo tribunal a tomar el caso, por lo que la decisión final podría demorar aún varios meses.

En 2023, Preska había ordenado que el Estado argentino pagara más de 16.100 millones de dólares a los demandantes, un monto que, con los intereses, llegó a superar los 18.000 millones. La Cámara revocó esa decisión al considerar que la jueza había aplicado de manera equivocada el derecho argentino al analizar los reclamos. El litigio se originó tras la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando Petersen Energía, Petersen Energía Inversora —ligadas a la familia Eskenazi— y Eton Park demandaron al país, alegando que el proceso expropiatorio desconoció los derechos de los accionistas minoritarios. Burford financió la disputa y adquirió los derechos de los antiguos accionistas.

Al fundamentar la revocatoria, la Cámara sostuvo que la normativa argentina sobre expropiaciones impedía reclamos de terceros que obstaculizaran ese procedimiento, y entendió además que el estatuto de una compañía no equivale a un contrato entre sus accionistas que habilite indemnizaciones como las reclamadas. En junio, el Segundo Circuito rechazó revisar el fallo en una instancia ampliada, por lo que la Corte Suprema quedó como la última alternativa judicial de Burford en Estados Unidos. Los demandantes describieron la decisión de apelación como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según informó Bloomberg. Sin embargo, la presentación solo solicita la revisión: los jueces pueden aceptarla o desestimarla, y de momento la Argentina celebra un fallo que le evita un pago millonario.