El parate económico, la contracción del consumo interno y la falta de incentivos a la producción profundizan la crisis del sector privado formal en la Argentina. Según los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en julio de 2026 se contabilizaron 475.822 empresas empleadoras activas en el sector privado formal, lo que representa una caída interanual del 3,1% y equivale a la pérdida de 15.350 firmas en doce meses. El comercio, la industria y el transporte figuran entre las actividades más golpeadas por el cierre de negocios.
Lejos de tratarse de un retroceso aislado, los indicadores muestran la persistencia de una dinámica recesiva que ya acumula 29 meses consecutivos de caídas interanuales. En la comparación con junio, la cantidad de empleadores también volvió a disminuir: se registraron 928 firmas menos, una contracción mensual del 0,2% que extendió la tendencia negativa que se viene registrando mes a mes.
La magnitud del deterioro se advierte con mayor claridad al comparar los datos actuales con los del inicio de la gestión de Javier Milei. Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió 32.026 empresas privadas empleadoras, una reducción del 6,3% de su base productiva formal. Este fenómeno se conoce como “destrucción productiva” y tiene consecuencias directas sobre el empleo, la oferta de bienes y servicios y la capacidad de recuperación económica del país.
La caída del número de empresas se combina con el retroceso del consumo y la pérdida de poder adquisitivo de las familias, generando un círculo vicioso en el que menos empresas significan menos empleo, menos empleo significa menos consumo, y menos consumo empuja a más cierres. Los analistas consultados advierten que, sin un cambio de rumbo en las políticas productivas, la base empresarial formal podría seguir reduciéndose en los próximos meses, con el consiguiente impacto sobre la actividad económica y las condiciones de vida de los trabajadores.