El Gobierno de Javier Milei avanza en dos iniciativas que dibujan un escenario marcadamente distinto para empresas y usuarios en materia de servicios públicos. Por un lado, en el Senado se debate la condonación de una deuda de USD 1.842 millones a favor de las distribuidoras eléctricas. Por otro, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla la reducción de subsidios que se traducirá en subas de tarifas de luz, gas y transporte para los hogares.
La modificación del régimen de Zonas Frías es uno de los puntos más sensibles: la iniciativa oficial redefine los criterios de acceso al beneficio que otorga descuentos en las facturas de gas, lo que dejaría fuera a 1,2 millones de personas en 94 municipios. Las estimaciones señalan que quienes pierdan el subsidio podrían enfrentar incrementos de entre 30% y 50% en sus facturas. La medida se suma a la reducción general de aportes estatales prevista en el Presupuesto para energía y transporte.
La diferencia entre ambos caminos ha generado cuestionamientos: mientras millones de usuarios pasan a asumir una mayor proporción del costo de los servicios, el Estado propone aliviar obligaciones millonarias de las empresas distribuidoras. El debate parlamentario avanza en paralelo con la elaboración de los cuadros tarifarios que regirán el año próximo, por lo que las decisiones que se tomen en las próximas semanas tendrán impacto directo sobre el gasto de los hogares.