Mañana el Senado de la Nación tratará la reforma impulsada por el Gobierno que busca modificar la Ley 26.737 de Protección al Dominio de la Tierra, conocida como Ley de Tierras. La iniciativa, incluida bajo el nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, propone desregular la compra de campos rurales por parte de extranjeros, en un contexto donde especialistas advierten que el tema va mucho más allá de una operación inmobiliaria.
Desde la sanción de la norma vigente hace 15 años, el escenario geopolítico cambió de forma drástica: la tierra ya no es solo un bien raíz, sino que representa el control sobre el agua dulce, los minerales críticos, la biodiversidad, la energía y la capacidad de producir alimentos. Por esta razón, se considera hoy el recurso estratégico más importante para el futuro del país.
El proyecto despierta fuertes críticas porque busca desarmar el esquema de protección construido desde 2011. La discusión no se limita a quién puede adquirir una propiedad rural, sino a quién ejercerá el dominio en las próximas décadas sobre los territorios que definen el desarrollo económico y la soberanía nacional. Lo que está en juego es la definición de qué recursos quedan bajo control argentino y cuáles pasan a manos de capitales externos.