Buenos Aires – Un relevamiento nacional realizado por la consultora Zuban Córdoba reveló un marcado deterioro de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en la Justicia a la hora de enfrentar la violencia de género. El estudio cobra especial relevancia en un contexto de gran sensibilidad social, tras el crimen que conmocionó al país y que se transformó en un punto de inflexión para evaluar cómo funciona el sistema de protección y respuesta ante estos hechos.
Los datos son contundentes: el 82,2 % de las personas consultadas considera que el Estado no actuó con seriedad ni profesionalismo frente al caso de Agostina, mientras que un 75,9 % califica de irresponsable el manejo que hicieron las autoridades. Estas cifras muestran que la percepción general es que el Estado se mantiene ausente en momentos clave, y que las respuestas que brinda no logran transmitir seguridad ni confianza a la población, que reclama políticas públicas sostenidas y medidas efectivas para prevenir nuevas situaciones de riesgo.
La desconfianza alcanza también de forma muy fuerte al sistema judicial, señalado como el eslabón más débil de la cadena. El 80,4 % de los encuestados expresa dudas sobre el accionar de fiscalías y tribunales en estos casos, y el 71,2 % considera que jueces y fiscales no cuentan con la formación adecuada en perspectiva de género. Más allá de errores puntuales, la sociedad percibe que existen fallas estructurales que impiden que las instituciones cumplan realmente con su rol de proteger a las víctimas y garantizar justicia.
En definitiva, el diagnóstico que deja el informe es claro: la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente para las instituciones argentinas. La mayoría de la población exige cambios profundos, mayor celeridad en las actuaciones y respuestas que no queden solo en declaraciones, sino que se traduzcan en acciones concretas para reducir los riesgos y garantizar derechos.