Buenos Aires – Tras una sesión prolongada y con intensos debates, el oficialismo logró obtener la media sanción para el denominado Súper RIGI, una versión ampliada y profundizada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones que ya había sido aprobado en 2024. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, está orientada a atraer proyectos en sectores que hoy no tienen un desarrollo significativo en Argentina, como la inteligencia artificial, los centros de procesamiento de datos y la fabricación de semiconductores, aunque para sus críticos representa una cesión de soberanía económica y normativa.
El texto otorga beneficios sin precedentes: estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica garantizada por treinta años, eliminación total de retenciones y libre disponibilidad de las divisas generadas por las actividades alcanzadas. Quienes se oponen al proyecto señalan que está diseñado a medida de grandes corporaciones tecnológicas y, en particular, del magnate estadounidense Peter Thiel —dueño de la empresa Palantir—, ya que crea un blindaje normativo que reduce drásticamente la capacidad de regulación del Estado y limita la autonomía de las provincias en el manejo de sus recursos y decisiones locales.
Durante la sesión, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch fue el encargado de exponer los fundamentos del proyecto. “¿Quién puede estar en contra de esto?”, se preguntó al iniciar su intervención, y luego agregó: “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya incorporaron y por eso les va como les va. Se trata de ser amigable con las inversiones”. Sin embargo, desde los sectores opositores se advirtió que tanto el oficialismo como sus aliados demostraron escaso dominio sobre los aspectos estratégicos y tecnológicos de las actividades que se pretenden promover, en un contexto global de profundos cambios en la economía digital.
La discusión sobre el Súper RIGI se desarrolló cerca de las 17:00 horas, inmediatamente después de la aprobación de un proyecto para hacer pagos a dos fondos de inversión que mantienen litigios contra la Argentina desde el año 2001. Mientras el Gobierno defiende la norma como una herramienta para generar inversión y empleo, sus detractores advierten que los beneficios a largo plazo quedan concentrados en pocas empresas, y que el país renuncia a ingresos impositivos y a facultades de control que difícilmente podrá recuperar en las próximas décadas.