Nación – En medio de profundas transformaciones en el sistema judicial impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, crecen las advertencias y las críticas por la consolidación de una influencia inédita de la familia Mahiques en los espacios de decisión del Estado y la Justicia. La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia marcó un punto de inflexión: no solo colocó a uno de los operadores más influyentes del país en el centro de las reformas, sino que terminó de armar una estructura familiar que hoy ocupa cargos estratégicos en distintos niveles del poder, al mismo tiempo que se reducen los mecanismos de control y participación ciudadana para la designación de jueces.
La presencia del apellido se extiende hoy por áreas clave: el padre del ministro, camarista federal, logró extender su mandato en la Cámara Federal de Casación Penal hasta los 80 años; uno de sus hermanos fue designado jefe de Gabinete de Asesores del propio Ministerio de Justicia; y otro pariente asumió un cargo académico de relevancia en la Ciudad de Buenos Aires que había dejado vacante el propio Juan Bautista al asumir su función actual. Esta acumulación de posiciones en manos de un mismo grupo familiar genera cuestionamientos sobre la concentración de poder, posibles conflictos de intereses y el debilitamiento de los estándares de transparencia que deberían regir la función pública.
La polémica alcanzó su punto más alto esta semana con la publicación de un decreto impulsado por la cartera de Justicia, mediante el cual el Gobierno eliminó las instancias de impugnación y observación ciudadana para los candidatos a integrar la Corte Suprema. Esta medida modifica reglas vigentes desde hace más de veinte años, recorta los controles públicos sobre las designaciones y simplifica el camino para que el Ejecutivo avance en nombramientos en el máximo tribunal del país con menor participación de la sociedad. Para sectores críticos y especialistas, la combinación de reformas que quitan controles con una presencia familiar tan extendida en el sistema judicial representa un cambio de rumbo que pone en riesgo el equilibrio de poderes y la independencia de la Justicia en Argentina.