La Matanza, Buenos Aires – Una compleja investigación llevada adelante por la Policía Federal Argentina y el fiscal Fernando Garate develó el funcionamiento de una organización criminal que montó una estructura sanitaria completa para lavar dinero proveniente de la llamada “piratería del asfalto”. Bajo la denominación de “Argentina Salud” (ARS), los imputados crearon una falsa obra social o prepaga que contaba con clínicas, farmacias, una red de ambulancias e incluso un helicóptero para atención de emergencias, todo ello desplegado en distintas zonas del conurbano bonaerense. En los operativos realizados, fueron detenidas casi 30 personas, entre ellas quienes se presentaban como médicos, farmacéuticos y enfermeros, todos fotografiados por la fuerza policial con sus respectivos ambo o buzos azules y bajo custodia.
La investigación determinó que los cabecillas de esta maniobra ilícita son Alberto Rubén Santarceri y Noelia Luna, un matrimonio unido por más de 20 años, quienes idearon y dirigieron el esquema. Según las pruebas reunidas, la totalidad de los bienes y servicios que conformaban la supuesta empresa de salud fueron adquiridos con fondos obtenidos de forma ilegal, vinculados al robo de mercaderías y transportes. Lo más grave es que la entidad captó a miles de pacientes reales, personas que buscaban atención médica y desconocían que estaban siendo atendidas en establecimientos y por personal que formaba parte de una trama delictiva, corriendo riesgos sanitarios y legales.
El expediente se inició en febrero de este año, cuando la División Investigación del Robo Organizado comenzó a seguir los pasos del grupo. A lo largo de las indagatorias, se esclarecieron además casos de mala praxis, se analizaron miles de horas de imágenes de seguridad, registros de comunicaciones y actividad en redes sociales, y se realizaron extensas tareas de campo para reconstruir la estructura. Uno de los datos reveladores que surgieron es que a los profesionales contratados —muchos de ellos sin matrícula o con títulos falsos— se les pagaba hasta 80.000 pesos por cada guardia que realizaban. Con estas medidas, la Justicia desmanteló un negocio que combinaba el peligro para la salud pública con el blanqueo de capitales de origen delictivo.