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Lomas de Zamora, Buenos Aires – La causa judicial que involucra a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño del holding Sur Finanzas y estrecho amigo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dio un nuevo paso y se agravó su situación procesal. El juez federal Luis Armella, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2, hizo lugar al pedido de la fiscal Cecilia Incardona y amplió la imputación en su contra por el delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. Este cargo se suma a los que ya enfrentaba: asociación ilícita y lavado de activos agravado. El empresario deberá presentarse el próximo 26 de mayo a prestar declaración indagatoria, en la misma fecha en que también será interrogada su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

En los fundamentos presentados por el Ministerio Público, la fiscal Incardona detalló que la participación de Vallejo en el vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue secundaria ni circunstancial, sino determinante para consumar el fraude. Según surge del dictamen, al que tuvo acceso Infobae, el empresario aportó toda la estructura corporativa necesaria, incluyendo las empresas pantalla Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., además de canalizar flujos de capital no declarados. La investigación sostiene que su aporte fue realizado extraneus; es decir, desde fuera de la institución deportiva, pero actuando como pieza clave para que los directivos del club pudieran llevar adelante el desvío de fondos y el daño patrimonial, encuadrándolo así como partícipe necesario del delito de defraudación, conforme a los artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal.

La ampliación de la imputación tiene un peso jurídico fundamental: implica que la Justicia considera que Vallejo no solo intervino para ocultar el origen ilícito del dinero ya obtenido —como se le atribuía en el delito de lavado—, sino que fue un integrante indispensable para que todo el andamiaje delictivo se organizara y funcionara. De esta forma, el entramado financiero que él dirige quedó en el centro de la investigación como el motor que permitió ejecutar las maniobras perjudiciales contra el patrimonio del club, profundizando el escenario de acusaciones contra quien mantiene un vínculo cercano con la máxima autoridad del fútbol argentino.