Buenos Aires – El economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizó una dura interpretación sobre el nuevo esquema de incentivos a la inversión anunciado por el Gobierno y bautizado como “Super RIGI”. En su análisis, sostuvo que la medida no responde a una estrategia general de desarrollo industrial o productivo, sino que estaría diseñada a medida para favorecer intereses específicos. “El Super RIGI tiene nombre y apellido”, afirmó tajantemente, al vincularlo directamente al empresario estadounidense Peter Thiel, fundador de Palantir, quien habría mostrado interés estratégico en el acceso a las tierras raras, recursos minerales fundamentales para la tecnología y la industria militar moderna que existen en el país.
Letcher fundamentó su postura en la agenda pública de los funcionarios: “El Super RIGI se explica con una foto publicada tres días después del anuncio: Peter Thiel, dueño de Palantir e interesado en garantizarse el acceso a tierras raras, se reunió con Luis Caputo”, señaló al referirse al ministro de Economía. Según su visión, la reforma no busca agregar valor a las cadenas productivas nacionales ni impulsar la industrialización, sino garantizar condiciones excepcionales para este tipo de emprendimientos. El nuevo régimen profundiza los beneficios fiscales ya vigentes y amplía el costo fiscal para el Estado, siendo uno de los cambios más relevantes la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, que pasaría del 25% al 15%, una renuncia recaudatoria considerable sobre uno de los tributos más importantes.
Además, el informe del CEPA trazó un balance negativo sobre el régimen anterior, el RIGI original, que sirve de base para estas modificaciones. Allí se advierte que la normativa vigente hasta el momento no logró atraer nuevas inversiones como se había prometido, pero sí implicará un costo fiscal estimado en 1.069 millones de dólares para las arcas públicas. Otro punto crítico que marca el estudio es que el funcionamiento y el impacto del esquema dependen casi exclusivamente del impulso que realiza la empresa estatal YPF, lo que, según el economista, contradice el discurso oficial sobre la participación privada y la reducción del rol del Estado en la economía.