Buenos Aires – El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta la semana más compleja desde que estalló la polémica por su patrimonio y sus declaraciones juradas. Mientras hasta hace poco no tenía actividades públicas agendadas, el escenario cambia drásticamente: en el Congreso la oposición prepara el avance con pedidos de interpelación para que explique su situación económica, al mismo tiempo que crecen las tensiones internas dentro del oficialismo y desde Estados Unidos expresan preocupación por la estabilidad y el rumbo de la administración libertaria. El Gobierno, por su parte, intenta reacomodar el tablero para retomar el control de la agenda política y destrabar la aprobación de sus reformas.
En el plano judicial, la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el juez Ariel Lijo continúa avanzando a ritmo acelerado. El magistrado ya autorizó nuevas medidas de prueba para analizar los gastos del funcionario desde que ingresó a la función pública, entre ellos viajes al exterior y compras de propiedades. Si bien por ahora no hay indicios de que vaya a ser citado a declarar en el corto plazo, esa posibilidad sigue abierta y marcaría un precedente: algo similar ocurrió en 2015, cuando el entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández fue indagado por el juez Claudio Bonadio, aunque luego fue sobreseído.
La crisis que rodea a Adorni no es solo legal: también afectó la dinámica de gestión, generó demoras en la aprobación de proyectos clave y provocó cruces con referentes propios y aliados. Esa inestabilidad es monitoreada con atención desde Washington, donde siguen con interés cómo impactan estas internas en la continuidad de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. Mientras tanto, la oposición apuesta a ponerlo bajo escrutinio parlamentario y el oficialismo trabaja contra el reloj para recuperar el foco en su propia agenda y evitar que la crisis se profundice.