La imputada está acusada por los delitos calificados como “Administración fraudulenta y falsificación de documento” en perjuicio económico de la víctima y la empresa.
Una mujer fue imputada por falsificación y otros delitos, luego que se comprobase que suscribió noventa cheques falsificando la firma de la responsable, los cuales presentó en el banco y cobró el dinero, de esta manera causó un perjuicio económico a la víctima y a la empresa.
La denunciada trabajó con la víctima desde septiembre de 2018 hasta el 25 de abril de 2022.
La denunciante había contratado a la acusada para trabajar con ella. Fue en este contexto que con el pasar del tiempo, la imputada adquirió mayores tareas y más responsabilidad, debido a que no solo comenzó a administrar cuestiones laborales, sino también personales de su empleadora.
La imputada hacía tareas tales como controlar el pago de sueldos, emitir cheques bajo supervisión y retirar fondos del banco.
En el transcurso del tiempo comenzó a ganar la confianza de su empleadora, y sin autorización de esta, recibió por parte de personal de una entidad bancaria chequeras pertenecientes a la firma en la que trabajaba.
Con ese poder, suscribió noventa cheques en los que falsificó la firma de la responsable, los cuales presentó en el banco y cobró el dinero, de esta manera causó un perjuicio económico a la víctima y a la empresa.
Tras la denuncia de la damnificada, intervino en la investigación la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Carlos Saltor, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Francisco Galindez en la audiencia que tuvo como objeto solicitar autorización de procedimiento para asuntos complejos.
El juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía formuló el requerimiento a partir de continuar con la recolección de las pruebas restantes, como pericias caligráficas y el análisis correspondiente, respecto a la posible intervención de otras personas que están siendo investigadas.
La imputada está acusada por los delitos calificados como “Administración fraudulenta y falsificación de documento”.
Fuente. Crónica