En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof enfrenta una preocupación que las estadísticas tradicionales no logran reflejar por completo: el deterioro social avanza por caminos distintos a la violencia callejera. Si los homicidios dolosos y los asesinatos en ocasión de robo muestran una tendencia a la baja, esa mejora no trae alivio suficiente. Por el contrario, obliga a mirar otras zonas del problema que se expresan puertas adentro, entre los jóvenes y en espacios donde las economías ilegales encuentran nuevas formas de penetración.
La acusación del presidente Javier Milei sobre un supuesto “baño de sangre” en territorio bonaerense no encuentra respaldo en los números de homicidios. Sin embargo, la administración provincial tampoco se limita a refutar esa afirmación: los datos que manejan revelan un cuadro más complejo. El interrogante ya no es si estalló la violencia generalizada, sino qué tensiones se están acumulando mientras ese salto todavía no ocurre, en qué lugares se manifiestan y hasta dónde pueden crecer si las condiciones materiales siguen empeorando.
Lo que empieza a observarse es un desplazamiento de las violencias hacia zonas menos visibles: crecen la violencia intrafamiliar, los suicidios y modalidades de coerción que combinan necesidades económicas con préstamos informales vinculados al narcotráfico. Son señales que no encajan en la lógica clásica de la inseguridad, pero que le dibujan al gobierno bonaerense un escenario de fondo mucho más difícil de abordar que los delitos que se cuentan en la calle.