Pekín – En un contexto internacional marcado por recortes en políticas públicas y reducción de ayuda a los sectores más vulnerables, China presentó una transformación profunda en su sistema de protección social. Con la entrada en vigencia inminente de la nueva Ley Nacional de Asistencia Social, el país asiático dejará de esperar a que las familias caigan en la pobreza absoluta para asistirlas, y pasará a actuar de forma preventiva ante cualquier señal de riesgo económico. El Estado destinará para el año 2026 un total de 156.680 millones de yuanes —equivalentes a unos 21.600 millones de dólares— para financiar estos planes, que ahora serán de cumplimiento obligatorio en los presupuestos de todos los niveles de gobierno.
La gran novedad de la norma, aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, es el cambio en la forma de medir la necesidad. Hasta ahora, el acceso a los beneficios dependía casi exclusivamente de si los ingresos estaban por debajo de un umbral determinado. A partir de ahora, el cálculo será mucho más realista: se tendrá en cuenta qué dinero queda disponible después de cubrir gastos esenciales como salud, educación o vivienda. Por ejemplo, un grupo familiar que ingrese 1.000 dólares al mes pero deba destinar 800 de ellos a esos rubros, será considerado en situación de vulnerabilidad y recibirá ayuda tal como si su ingreso real fuera de solo 400 dólares.
Esta modificación incorpora a dos grandes grupos que antes quedaban desprotegidos: aquellos hogares que superan apenas la línea de pobreza y, por lo tanto, no calificaban para recibir subsidios, y aquellos que, aunque cuentan con ingresos estables, ven su economía desequilibrada por gastos imprevistos o altos costos en servicios básicos. La legislación, estructurada en 78 artículos y siete capítulos, fortalece el esquema tradicional conocido como “dibao” —el sistema de garantía de ingresos mínimos— pero le suma herramientas para intervenir antes de que la fragilidad económica se convierta en pobreza estructural.
El Gobierno definió esta estrategia como una verdadera revolución en materia de ayuda social. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones, donde se reducen partidas o se endurecen los requisitos, la política china apunta a sostener el nivel de vida de la población y garantizar condiciones dignas. Con esta inyección de recursos y una mirada más integral sobre la realidad económica de las familias, el objetivo es crear una red de seguridad que cubra tanto a quienes ya necesitan asistencia como a quienes están en riesgo de necesitarla, priorizando la estabilidad social y el bienestar colectivo.